Fragmento

Para el correcto diseño y puesta en práctica las políticas sanitarias y para analizar el impacto de las intervenciones gubernamentales o privadas, se debe recoger información sobre las personas. Muchas de ellas son de naturaleza confidencial o privada y, en ocasiones, aunque se obtienen en un esquema grupal, pueden vincularse a individuos, lo cual los expone a riesgos tales como la estigmatización o la discriminación. Durante los últimos decenios ha existido una creciente preocupación por salvaguardar los derechos y la dignidad de las personas que participan, o son sujetos, en la investigación científica biomédica o epidemiológica. Numerosos documentos internacionales, entre ellos las normas CIOMS del año 1991, destacan la necesidad de obtener consentimiento para ciertas intervenciones, la obligación de dejar en el anonimato las informaciones confidenciales, el respeto a la privacidad cuando se recolectan los datos y la necesidad de que las actividades de investigación resulten en beneficios para las poblaciones estudiadas, directamente –como usuarios de los descubrimientos y avances-o indirectamente –a través del desarrollo de capacidades y destrezas en el personal que participa en la investigación. El dilema se plantea entre actividades que pueden considerarse de vigilancia y monitoreo (surveillance) en la práctica de la salud pública y lo que puede considerarse investigación científica. Aunque podría argumentarse que es una distinción puramente formal y académica, es importante esclarecer sus fundamentos, toda vez que en nombre del servicio público –o, a la inversa, en el de la ciencia-se han cometido abusos contra las personas que son el fundamento de la primitiva preocupación bioética.

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2008-06-02   |   1,173 visitas   |   Evalua este artículo 0 valoraciones

Vol. 7 Núm.1. Abril 2005 Pags. 4-5 Inv salud 2005; VII(1)